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| Foto: clase2punto0.com |
Por: Angélica Piedra
Betancourt.
Como
cartagüeños podríamos preguntarnos, ¿Se
está ejerciendo control social sobre la violencia que afecta nuestra ciudad? ¿Se
está ejerciendo control social sobre el pago oportuno de salarios a empleados
que dependen de la administración municipal? ¿Se
está ejerciendo control social sobre la erradicación del trabajo infantil?
A
través de estos interrogantes y tomándolos como ejemplo es posible explicar el
concepto de control social, de conformidad con el Art. 270 de la Constitución
Política de Colombia, que le da la facultad al ciudadano colombiano a
intervenir en el control de la gestión pública.
“Art. 270La ley organizará las formas y
los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública
que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.
Si
los cartagüeños ejercen, o no, control social sobre los interrogantes
anteriores, no es lo importante en este momento, pero es bueno saber que la constitución política brinda las
herramientas para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Herramientas
como el derecho de Petición.
Para
ejercer en control social es esencial que la ciudadanía participe activamente
en los problemas sociales que afecten una comunidad en este caso la ciudad de
Cartago.
Todos
los colombianos tenemos derecho a ejercer control social en asuntos públicos
que tengan relación y afecten o beneficien a la comunidad en general. El
control social se puede ejercer desde las entidades estatales como las juntas
de acción comunal, asociaciones privadas y religiosas, entre otras. Además
cualquier ciudadano puede intervenir en actos de control social.
Por
lo tanto los ciudadanos colombianos tenemos derecho a fiscalizar la utilización
de los recursos públicos, el buen manejo de los funcionarios que dependen de la
administración municipal, departamental o nacional, y además los resultados que
se obtengan con la ejecución de los planes de gobierno.
En
este orden de ideas se hace necesaria la existencia del derecho penal, porque
es el que reglamenta a través de sus normas jurídicas si alguien tiene que ser
sancionado o por lo contrario absuelto de cualquier acusación.
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